La Archidiócesis Católica de Washington ha decidido chantajear a las autoridades de Washington para que deje de apoyar una ley que permita los matrimonios de personas del mismo sexo. La Iglesia está amenazando con dejar de prestar los servicios sociales que hasta ahora realiza. Lo cual, por cierto, es una flagrante violación de los derechos humanos.
En realidad, la ley no va a exigir que las organizaciones religiosas casen a gays y lesbianas, sin embargo, sí que tendrán que cumplir con unas normas básicas llamadas derechos humanos.
Las autoridades quieren asegurarse el compromiso de la Iglesia de no discriminar a los homosexuales ya que, entre otras cosas, los servicios sociales que organiza la archidiócesis tendrán, como cualquier otra organización benéfica, que asistir a las parejas gays de la misma manera que lo hace con las heterosexuales.
La beneficencia católica es una de las ONG que trabajan en Washington. Ayuda a 68.000 personas en toda la ciudad, incluyendo un tercio de las personas sin hogar, ofreciéndoles varios albergues.
Pero para las autoridades, la ayuda de la Iglesia no es indispensable y no la consideran clave para mantener en pie los servicios sociales. No obstante, la inversión de la archidiócesis en este tipo de servicios es de 10 millones de dólares, una cifra que parece nada despreciable.
La ley se aprobará el primero de diciembre. La Iglesia ha presentado un recurso para conseguir que los católicos puedan abstenerse de prestar servicios sociales a las parejas gays.
Para sostener su propuesta, la archidiócesis ha recurrido a la teoría de la persecución con un informe en el que denuncia que el ayuntamiento de Washington no respeta la ley de libertad religiosa.
Para Peter Rosenstein, líder de la campaña All D.C. Families, "la Iglesia está chantajeando a la ciudad". "El problema aquí es que están utilizando los fondos públicos para permitir que la gente discrimine a las parejas gays", dijo.
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