15 de noviembre de 2009

La Masacre de Putis sigue Impune

Entre 1983 y 1985, la provincia de Huanta quedó bajo el control de la Marina de Guerra del Perú.  Pero en las zonas altas, como el distrito de Ayahuanco y algunas comunidades de Santillana, Putis entre ellas, patrullaban efectivos del Ejército. En 1983 se llevaron a cabo varias operaciones antisubversivas en diversas comunidades altoandinas de Huanta. En estos años el temor en la población ante la presencia del grupo, alzado en armas Sendero Luminoso, era de tal magnitud que en noviembre de 1983 no se realizaron las elecciones municipales en ninguno de los distritos de Huanta.

La zona era considerada de alto accionar subversivo, era el corredor natural a través del cual se podía conectar fácilmente la sierra con la selva ayacuchana. Sendero Luminoso realizaba proselitismo, amenazas e incluso asesinatos selectivos contra sus opositores. Los sendristas obligaban a los comuneros a vivir permanentemente en los cerros para evitar que tuvieran contacto con los militares que ocasionalmente llegaban. Les advirtieron, además, que los miembros del ejército los matarían si los descubrían. Advertencia que, más adelante, pareció premonición. Pero hizo que los pobladores de Putis fueran vistos por los militares como colaboradores o integrantes de Sendero Luminoso.

En noviembre de 1984 se instaló una base militar en la comunidad de Putis. Una vez ubicados, los militares convocaron a la población que estaba dispersa en las partes más altas, como Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo, para convencerlos que se mudaran a Putis. Los militares propusieron que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera protección contra la subversión. Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, los comuneros aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando la familia, hijos, todas sus pertenencias y animales de crianza.
Los militares recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio. Les dijeron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar su calidad de vida. En la noche las mujeres fueron separadas de maridos e hijos, priorizando a las más jóvenes y, por turnos, violadas por los uniformados.

A las seis de la mañana los militares llegaron con muchas herramientas y ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una poza; les dijeron que era para construir una piscigranja donde criarían truchas, a otros, les aseguraron que allí construirían casas. Cuando estuvo lista la supuesta piscigranja, los militares reunieron al centenar de emigrados alrededor de la poza y dispararon a matar. Los soldados cubrieron los cadáveres con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas fueron sepultadas al interior del aula de la escuela.

El reporte del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), da cuenta del hallazgo de 97 restos óseos en total. De ellos 48 corresponden a menores de edad (38 son niños menores de 10 años y los demás adolescentes), 23 restos humanos corresponden a mujeres adultas. Una de ellas llevaba un cráneo alojado entre sus vértebras: la cabeza de un niño, es decir, un embarazo interrumpido a los ocho meses de gestación.

Finalmente  algunos comuneros y el entonces teniente gobernador de Marccaraccay, alentadores de la matanza, llevaron el numeroso ganado de los campesinos muertos, a la feria de ganados de Marccaraccay para venderlos. Las ganancias fueron repartidas con los militares.

A finales de 1984 gobernaba el país Fernando Belaunde Terry, quien fue proclamado por el presidente Toledo  como “el paradigma de la democracia honrada” y falleció el 2002 con olor a santidad. Uno de sus ministros había asegurado que “el terrorismo venía de un portaviones anclado en el Caribe” y en materia de pacificación se seguía la receta argentina del general peruano  Luis “el Gaucho” Cisneros, Jefe del Estado Mayor del Ejercito, en 1981, segun él: “Para que las fuerzas policiales puedan tener éxito, tendrían que comenzar a matar a senderistas y ‘no-senderistas’, porque esa es la única forma como podrían asegurar el éxito. Matan 60 personas y a lo mejor allí hay tres senderistas…».

En la época de los hechos se desempeñaba como Jefe de la segunda división de Infantería del ejército, el general ayacuchano Adrián Huamán Centeno, además de estar reconocido como jefe político militar de Ayacucho. Era comandante de la base contra subversiva “Los Cabitos” el teniente coronel Edmundo Obregón Valverde. Sobre los responsables del comando en Putis se desconoce y hasta la misma existencia de la base se encuentra negada.

Fuente: Articulo publicado por Alex Chirre Tena en el diario La Voz de Huamanga.

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