La reforma del sistema de salud esta sufriendo cambios que favorecen a la industria farmacéutica y a las compañías aseguradoras. Segun analistas de Washington el presidente viene trabajando con representantes de estas industrias a lo largo de todo el año. No es coincidencia que las acciones de estas controvertidas instituciones esten en su punto más alto y que no presenten practicamente ninguna objeción significativa al proyecto de ley del senado y el presidente Obama.
Ni hablar de los inmigrantes indocumentados que fueron los primeros en salir despedidos de la reforma dejandolos, por expresa indicación del presidente Obama, fuera de la cobertura médica asegurada. Como si no fueran, hombres, niños, mujeres y ancianos como cualquier americano.
Lo cierto es que el problema con el seguro de salud es que las compañías privadas de salud tienen un monopolio total de la industria. Pueden cobrar lo que deseen. Rechazar o deshacerse de quien quieran. Pueden aumentar las tasas, y lo hacen, siempre que quieran. Están más interesadas en las ganancias que en los servicios al paciente, son la razón número uno por la cual el costo de los servicios de salud está hoy fuera del alcance de la mayoría de los norteamericanos.
Esto, en realidad, no es precisamente capitalismo. Porque para que sea capitalismo, aparte de la solución de un pagador único, la única manera de impedir que sigan aumentando desenfrenadamente los costos de los servicios de salud es obligar a las compañías privadas de seguros a competir. La competencia en los servicios de salud es tan vital como la competencia en el servicio telefónico. Y eso significa ofrecer a los consumidores una opción entre cualquiera de los miles de planes privados de seguro y uno público patrocinado por el gobierno, basado en Medicare.
Lo cierto es que sin la opción del plan público, ningún plan de reforma de los servicios de salud vale la pena, porque de hecho no significaría más que una enorme ganancia caída del cielo para las compañías privadas de seguros. El proyecto de ley de la Cámara extendería la cobertura a 36 millones de norteamericanos que actualmente no poseen seguro; el proyecto del Senado a 31 millones. Pero ninguno de los dos incluye un límite a cuánto pueden aumentar las tasas anuales las compañías de seguros. Así que sin una opción de plan público –sin brindar a los consumidores la opción de comprar un plan público más barato y rentable— la legislación para la reforma de los servicios de salud no sería más que un enorme despilfarro a favor de las compañías de seguros: les daría más de 30 millones de nuevos clientes que esquilmar.
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